Carlos Lange V.(1)
Dentro de las iniciativas contenidas en el Plan 100 Días propuesto por la Presidenta Michelle Bachelet para orientar las primeras acciones de su gobierno destaca el Programa de Intervención de Barrios, que incluirá aquellos 200 más necesitados y deprimidos. Esta preocupación y urgencia por el mejoramiento de los barrios no parece ser circunstancial, al menos eso puede desprenderse de su Programa de Gobierno, donde el fortalecimiento “barrial” aparece asociado a objetivos declarados prioritarios como el mejoramiento de la calidad de vida, la disminución de la segregación urbana, la promoción ciudadana, entre otras:
“Multiplicaremos nuestros esfuerzos para construir casas y departamentos de mejor calidad. Y no sólo construiremos casas, sino también barrios. Los chilenos tenemos derecho a vivir en barrios seguros, iluminados, con áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre. La calidad de vida de los chilenos mejorará sólo a través de políticas públicas creativas y responsables. Impulsaremos un enfoque global que tome en cuenta los espacios que la gente habita”.(2)
Los alcances de esta iniciativa han sido refrendados por la ministra Poblete, quien ha destacado los alcances concretos de esta iniciativa señalando que “Se trata de barrios donde se concentra la pobreza urbana, la inseguridad y la falta de oportunidades. Queremos acabar con la segregación social y construir una ciudad más amable, a partir de programas integrales que den respuestas a las necesidades de empleo, servicios básicos, seguridad, áreas verdes y de recreación” .(3)
Si bien aún no existen señales claras respecto de los alcances concretos que tendrá esta iniciativa ni de los mecanismos con que pretende ser implementada, resulta interesante plantear algunas ideas que permitan discutir y analizar qué concepción de “barrio” debiera orientarla, qué elementos deben salvaguardarse para la consecución de los objetivos planteados y qué mecanismos resultan adecuados para ello. Asumimos, por tanto, que el debate se encuentra abierto y por ende, esperamos aportar a él.
A nuestro juicio, los supuestos beneficios que la intervención propuesta podría tener en la calidad de vida de las personas aparece bastante asociada con aquella concepción tradicional del “barrio” que lo concibe como una unidad territorial dotada de un conjunto de características físicas, funcionales y socioculturales que permiten la mutua integración de sus habitantes y de cierta forma, un halo de protección frente a las turbulentas dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales de las sociedades urbanas. Dicha concepción se destaca por la conformación de una fisonomía y una morfología distintivas, las cuales implican provisión de infraestructura, equipamiento y servicios, formas de parcelación de los terrenos, los estilos de edificación, las formas del trazado viario, materialidad, etc.; la conjunción de una o más actividades prioritarias que permiten el desarrollo de una cierta autonomía funcional; y el establecimiento de relaciones sociales culturalmente significativas entre sus habitantes y el territorio que ocupan, la cual promueva el conocimiento y el contacto interpersonal entre los vecinos, sustentando la conformación de redes socialmente activas y participativas.
Sin embargo son justamente algunas de las características distintivas de la vida urbana contemporánea las que nos llevan a cuestionarnos la viabilidad actual de la concepción de “barrio” anteriormente presentada. Procesos como la constante expansión de las tramas urbanas en las grandes ciudades, la segregación voluntaria de los sectores altos y medio altos así como su imposición a los beneficiarios de viviendas sociales, el surgimiento de nuevas subcentralidades multifuncionales en los sectores periurbanos y la expulsión de sus habitantes más carenciados, el aumento de la movilidad y desplazamiento de los individuos al interior de la ciudad y el aumento de su heterogeneidad cultural, entre otros, constituyen fenómenos que dan cuenta de no sólo de una nueva espacialidad urbana dispersa sino también de nuevas formas de habitar la ciudad, las cuales promueven una creciente fugacidad y transitoriedad en la relación entre sujetos vecinos, y de éstos con los territorios que habitan.
No cabe duda de que este tipo de características no son producto del azar ni se han ido conformando como parte de la evolución “natural” de los territorios urbanos, sino que son consecuencia del modelo de urbanización promovido por nuestra actual política habitacional. De esta forma, resulta oportuno preguntarse las razones por las cuales esta pretendida intervención de barrios no se convertirá en un mero acto de embellecimiento estético y/o superficial de aquellos sectores más carenciados de la ciudad. Asumiendo el planteamiento que en su momento formulara Raúl Fernández Wagner (4), cabe preguntarse si una iniciativa de este tipo se enmarca en un acto de mitigación de la pobreza urbana o si, por el contrario, ellos constituyen actos de regeneración socioespacial sustentables en el tiempo y donde efectivamente estén considerados los postulados de integralidad enunciados por la ministra.
Resulta claro que la respuesta a esta interrogante está directamente relacionada con la forma cómo será aplicada nuestra política urbano-habitacional durante los próximos cuatro años, y si bien los 100 días propuestos para una intervención de este tipo es un lapso bastante restringido para responder a cabalidad ésta y otras interrogantes, sí permite abrir espacios para el debate en este sentido.
Desde el Instituto de la Vivienda nos parece que este debate debe poner en el centro de la discusión no sólo consideraciones de carácter constructivas y urbanísticas, sino principalmente aquellas relativas a los habitantes que estarán directa e indirectamente involucrados en la ejecución de este Programa. Y si bien es cierto muchas de las consideraciones que a continuación se proponen son conocidas y compartidas como parte de un antiguo consenso existente entre distintos actores participantes del proceso habitacional, la persistencia del problema que se pretende abordar obliga a ponerlas nuevamente sobre la palestra.
Una primera consideración nos obliga a pensar y entender la relación entre sujeto y hábitat. Como sabemos, esta relación no se construye de manera estática, sino que se nutre de las múltiples actividades que éstos desarrollan como parte de su vida cotidiana. En este sentido, movilizarse, trabajar, recrearse, etc. también son parte del habitar y por ende, condicionan la experiencia constante, permanente y dinámica de construir, generar y crear un ambiente particular y distintivo. Es justamente este carácter dinámico y multidimensional el que fundamenta la concepción del ser humano como un habitante, donde los seres humanos intervienen activamente en las condiciones naturales del entorno, transformándolas y por ende, humanizándolas.
Para el Instituto de la Vivienda, una adecuada concepción de “barrio” lo define como “parte integrante del sistema que conforma el hábitat residencial”, correspondiendo a un espacio constituido a partir de la relación social y culturalmente significativa entre habitantes y la configuración física-espacial de su hábitat residencial. Esta relación propicia la generación de distintas formas de identidad, pertenencia e integración social, bajo las cuales sus principales componentes de forma, función y significado son per
cibidos como singulares por parte de sus habitantes, lo cual obliga a considerar tanto aquellos aspectos físicos y constructivos como la calidad de sus componentes y las distintas escalas de intervención, como aquellos aspectos subjetivos de la misma, como la diversidad de intereses, expectativas y posibilidades de sus ocupantes.
Una segunda consideración, derivada de la anterior, obliga a distinguir entre la construcción de conjuntos habitacionales y la conformación de “barrios”. No obstante esta consideración pueda sonar como una perogrullada, nuestra actual política habitacional, ampliamente destacada por sus logros cuantitativos, ha promovido y fortalecido la conformación de conjuntos habitacionales cuya velocidad de edificación y sus mecanismos de asignación no necesariamente se corresponden con la sustancia requerida para la generación y promoción de dinámicas barriales. Si bien es cierto estos conjuntos habitacionales se constituyen a partir de una agrupación (variable) de viviendas, poseen equipamientos comunitarios y sociales básicos, una organización de elementos espaciales y nodales relativamente bien estructurados, límites administrativos establecidos, entre otras características, su origen está marcado por un fuerte desarraigo producto de su frecuente alejamiento de la trama urbana o por la carencia de espacios de encuentro que permitan la socialización necesaria para el surgimiento de redes sociales. De esta manera, la constitución de un barrio no sólo requiere la preocupación por la provisión o mejoramiento en áreas delimitadas, sino que hacen necesaria la planificación de amplias escalas urbanas en función de sus necesidades de integración.
Una tercera consideración dice relación con la consabida participación ciudadana, concepto muchas veces utilizado y públicamente vociferado por las autoridades, pero que muy pocas veces posee un correlato real. Como se ha mencionado y discutido en algunos de los últimos talleres formativos realizados al interior del INVI, no es lo mismo una intervención habitacional acompañada de “información cualitativa” que verdadera participación social. Es decir, no basta la realización de algunas entrevistas y focus group entre los más destacados dirigentes de la comunidad, por cuanto dichos mecanismos no sustituyen el largo y lento proceso de apropiación físico espacial que permite a las personas dar forma, uso y significación particular a una determinada configuración. Ejes claves en este sentido como la identidad, los sentimientos de pertenencia y la integración social no surgen espontáneamente producto de la buena voluntad de los interventores, sino que requieren de una voluntad política firme y sostenida que permita y promueva una mayor complementariedad entre Estado, sector privado y ciudadanía.
Como ya se mencionó anteriormente, nada novedoso se desprende de las consideraciones anteriormente planteadas. Tampoco existen fórmulas mágicas que permitan asegurar el éxito de iniciativas como las acá propuestas. Pero sí permiten replantear la importancia de nociones básicas de habitabilidad y progresividad como ideas fundamentales de toda intervención socioespacial. Mientras la primera dice relación con la promoción de condiciones adecuadas para la satisfacción de las necesidades humanas y para el desarrollo de una mejor calidad de vida en la relación entre el hombre y en las distintas escalas territoriales que conforman su entorno (5), la segunda hace referencia a la necesidad de promover un mejoramiento coherente y ordenado, gradual y extensivo del hábitat residencial a lo largo del tiempo, es decir, un mejoramiento entendido como un “desarrollo progresivo” asociado tanto a la producción de la vivienda, del barrio, y de toda la producción habitacional en general (6). En definitiva, ambos conceptos refuerzan la idea de que la intervención y el mejoramiento de barrios debe involucrar tanto la experiencia, el conocimiento y la capacidad de los agentes que intervienen en el proceso habitacional, como la necesaria integración de todas las variables espaciales y socioculturales presentes en un fenómeno de alta complejidad.
Como se mencionó anteriormente, un lapso tan restringido como los mentados 100 días no serán suficientes para evaluar cambios profundos en la política urbano-habitacional, pero al menos constituyen un tiempo suficiente para promover mayor diálogo, trabajo y voluntad, en pos de readecuar algunos de los errados lineamientos de nuestra actual política habitacional.