Ricardo Tapia Z. (1)
Chile es un país eminentemente urbano. El CENSO 2002 concluyó que un 86.6% de la población total era urbana. El saldo, un 13.4 %, rural. Sin embargo en cuanto a territorio, la mayoría de éste es rural. Extensas áreas desde el extremo norte al extremo sur son rurales con uso productivo preferente para el rubro minero por el norte grande, agricultura y ganado caprino en el norte chico, silvicultura y agricultura en la zona central, bosques y ganadería en la zona sur y ganadería en la zona austral. Pesca en el borde costero.
A su vez, y como efecto de la reconversión productiva en las áreas rurales y de la apertura de la economía chilena a más y nuevos mercados internacionales; colocación externa de productos en los que se presentan ventajas comparativas, se están generando- hace ya más de una década – profundos cambios económicos, sociales, de tenencia, valor y uso de suelo, empleo y de la forma de habitar en el espacio y territorio rural asociados a la instalación progresiva y creciente allí, de empresas y capitales orientados a exportaciones de carácter primario como la fruticultura y la silvicultura, forestal, de producción de vinos y salmonería en el sur así como a las transformaciones en los procesos productivos y tecnológicos referidos al factor de competitividad que conllevan estos procesos económicos. Estos cambios – en particular en áreas agrícolas- para alcanzar mayores productividades, han conducido a un ahorro en la mano de obra y una restricción en los puestos de trabajo haciendo inestable el empleo y cambios en la tenencia de suelos, creando así una nueva pobreza rural, pobladores rurales “sin tierra”, (semejante a la pobreza urbana) parte de ellos surgidos del proceso de contrareforma agraria desde finales de la década de los 70, principalmente “temporera”, con incorporación de la mujer en faenas del sector primario, allegados rurales, procesos de descampesinización, procesos de movimientos poblacionales inter e intrarurales entre comunas y regiones y modificaciones en el patrón de asentamiento de la población rural- estimulado por el Estado- desde la dispersión a la concentración en núcleos de pequeño tamaño, dispersos a su vez.
Desde las políticas habitacionales y en 1990, con la creación del Programa de Vivienda Progresiva (que se mantiene vigente) se empezó con una fuerte urbanización del campo al radicar y erradicar asentamientos precarios urbanos y rurales mediante este programa. Paralelamente, y antes de ese proceso ya se había empezado con otro, en pleno gobierno militar, (1982) el programa de lotes con servicios o Programa Mejoramiento de Barrios, PMB, gestionado por el Ministerio del Interior y que también perseguía los mismos fines: radicar y erradicar asentamientos precarios urbanos y rurales. Posteriormente en 1986, se crea el subsidio habitacional rural y en 1996, la modalidad de Villorios Rurales dentro de esa línea de subsidios (Título II) que en los cambios anunciados en el 2006, sube su valor desde 200 UF a 250 UF por cada postulante.
En la actualidad, a la oferta antes mencionada para la población pobre urbana y rural se agrega el Fondo Solidario de Vivienda (FSV) con un aporte de 280 UF de subsidio por cada familia y el Programa CHILEBARRIO, (aplicado desde 1997) para la radicación y erradicación de asentamientos precarios. Hay por lo tanto, al menos 4 programas habitacionales (incluyendo el PMB) que están incidiendo en las áreas rurales chilenas y su ocupación. Habría que preguntarse si ello ¿es excesivo? ¿insuficiente?, si es que las lógicas de uso, opciones e impacto implícitas en éstos recursos por parte de los gobiernos locales – esperables, accesibles y de mejores ventajas entre ellos – ¿son las previstas y contempladas por parte de los planificadores y diseñadores de la política habitacional? ¿responden a las demandas y expectativas de la población rural? ¿son compatibles y complementarias a un modelo de asentamientos humanos sustentables para los extensos territorios rurales chilenos?
Se podría suponer que no hay tal previsión o ella es insuficiente, puesto que los principales actores, los destinatarios últimos de estas acciones, pobladores rurales pobres y dispersos, no conocen ni están lo suficientemente informados sobre estas ofertas, con una capacidad adecuada de discriminación y conveniencia para optar entre unas u otras. Los municipios a los cuales estos pertenecen, por lo general no cuentan- o en algunos casos, desconocen – los recursos financieros, humanos habilitados y técnicamente preparados para organizar la demanda latente y pasiva y sus especificidades y luego gestionar tales programas sobre el sector rural chileno.
En una investigación que se esta llevando a cabo en tres comunas de la VII Región del Maule (2), en la región con menor población urbana a nivel país (66.4%) y que tiene una alta actividad rural del tipo agroexportador, la cantidad de Villorios Rurales conformados por ese programa, por el PMB, o Vivienda Progresiva, es de magnitud. En el caso de la comuna de Sagrada Familia, por ejemplo, donde más del 50% de la población rural habita en villorios rurales, se constata un acelerado cambio en el patrón de asentamiento en los pobladores rurales sin tierra y por ende en la urbanización del campo, por la oferta habitacional antes mencionada sobre la que no hay control y previsión de resultados en cuanto a que el fenómeno esta cambiando el ordenamiento territorial y planificación de esas áreas- extensas como las son- sin el suficiente conocimiento ni consideración de su impacto a mediano y largo plazo. Este problema da cuenta de la desconexión entre las políticas habitacionales desde el nivel central y su batería de recursos programáticos, gravitando sistemáticamente sobre el territorio, con la planificación regional y comunal que se ven superadas por la acción y velocidad de estas políticas sociales sectoriales.
En el aspecto socioeconómico y en ciertas localizaciones de Villorios Rurales se observa una suerte de “nuevo inquilinato” entre algunas empresas agroexportadoras o fundos, para con campesinos ex inquilinos o allegados de la zona y el emplazamiento de estos enclaves productivos. Las primeras aportan a estos pobladores el financiamiento, adquisición o donación de terrenos para los comités que postulan a estos subsidios, una suerte de padrinazgo; aquellos terrenos están ubicados dentro de la propiedad de la empresa o el fundo, a veces con mala accesibilidad vial y equipamiento. Se pueden entender estos casos como subsidios indirectos de localización de mano de obra desde el Estado hacia la empresa privada, aspecto que no está previsto en el diseño original de estos programas, puesto que estas condicionantes atentan contra la libertad y búsqueda de opciones de empleos por parte de los pobladores rurales pobres. En cierto modo, se condiciona mano de obra cautiva.
Otro factor recurrente es el emplazamiento de los Villorios en áreas propensas a riesgos ambientales, principalmente a fuentes y cursos de aguas como ríos o canales o a cortes de accesos por aguas lluvias en invierno o por terrenos proclives a ser afectados por remoción en masa. Ello sucede debido a que aquellos son terrenos de menor valor y que los pobladores auto organizados compran desconociendo su factibilidad para uso residencial. Hace falta entonces, procedimientos de gestión que eviten tales errores que implican perder los pocos ahorros de los pobladores rurales organizados para acceder a una solución habitac
ional.
Toda la oferta de subsidios habitacionales para las zonas rurales, PMB, CHILEBARRIO, FSV y Villorios Rurales, permiten anexar los nuevos conjuntos a otros ya existentes, sea por fusión, subdivisión o por cercanía. Estas alternativas permiten configurar nuevos centros poblados mayores- pasando de caseríos y aldeas-, a pueblos. Esta emergente y vertiginosa ocupación empieza a producir problemas mayores a los municipios rurales – pobres en su financiamiento- relacionados con la gestión y gobernanza de estas categorías mayores de centros poblados, tales como factibilidades para sistemas más complejos y de más capacidad de agua potable, de tratamientos de aguas servidas, extracción y tratamientos de basuras, sistemas de transportes y equipamientos de mayor jerarquías para presupuestos municipales que no aumentan en proporción directa a tales transformaciones urbano habitacionales. En cierto modo, el campo chileno se está reconfigurando a un ritmo superior que la gestión local y ello amerita acciones urgentes.
Mientras hay afán en la administración y planificación de ciudades mayores y metrópolis, paralelamente extensas áreas rurales se están autoplanificando, reproduciendo y traspasando la continuidad de las inequidades urbanas al medio rural, reproduciendo en su base las deficiencias de las cuales nos horrorizamos al ver ciudades contaminadas, caras y con un alto costo de corrección.
¿Políticas equitativas de suelos rurales para las nuevas áreas residenciales? ?¿Políticas de desarrollo económico articuladas con las políticas sociales, entre ellas las de vivienda y urbanización para las áreas rurales? ¿Gobiernos locales rurales capacitados para la articulación entre desarrollo y ocupación poblacional de las áreas rurales? ¿Articulación entre empleo rural y educación para la población rural? Son algunas interrogantes que surgen de estas constataciones.
Finalmente un aspecto que no es menor. La política habitacional para nuestro extenso medio rural no distingue en su aplicación, un tratamiento diferenciado para nuestro peculiar y heterogéneo territorio. Dado que es el sector privado es quien realiza las funciones más estratégicas del proceso habitacional (entre ellas, la gestión del suelo) en gobiernos locales insuficientemente preparados para responder las interrogantes del problema, la dimensión cultural, componente de la calidad residencial, es una ausente en las políticas. No se toma en cuenta el modo de habitar característico, actual, de una familia minera, pescadora, campesina temporera, obrera forestal, pobladora pescadora – campesina- obrera de salmoneras (en Chiloé) ganadera en el extremo austral. Todos ellos son genéricamente definidos como “familias de escasos recursos del sector rural” y los modelos de villorios y viviendas son una copia traspasada de los modelos urbanos y sus tipologías de diseño de conjuntos y viviendas trasladándose su monotonía generadora de razonables utilidades económicas para el gestor inmobiliario. No hay detrás de esta aseveración una postura romántica o folclórica del modo de habitar rural, sino una falta de “apropiación cultural” por parte del habitante respecto de estas propuestas arquitectónicas, tecnológicas y económicas. Hace falta “desempaquetar con la gente delante”.
Otro componente ausente es el fomento a fuentes energéticas alternativas, tales como sistemas constructivos con usos de energías pasivas. Los cambios y mayores exigencias en los aspectos térmicos de la vivienda para techumbres y muros conlleva grandes desafíos para la vivienda rural hibridada.
Se pierde, por los tamaños de los lotes en los villorios rurales, costos del agua potable, las deficientes conectividades y la ausencia del gobierno local en terreno, el fomento de la vivienda- conjunto- productivo. Es decir, el concepto de vivienda-trabajo, tomando en cuenta que en la vivienda rural actual coexisten al menos dos generaciones representadas por abuelos, jubilados y familias jóvenes que forman parte de esa población laboral activa. Hay que tener presente que las expectativas de vida al nacer también se extienden al habitante rural. Al respecto, los Villorrios Rurales podrían contemplar áreas de terreno cultivable propiedad de todos los habitantes, regada con agua para riego para cultivos de subsistencia o para la formación de microempresas constituidas por la rica diversidad etárea y experiencial existente y ociosa.
Capítulo aparte, es el tratamiento de las minorías étnicas, aymaras por el norte, mapuche por el sur y otras por el extremo sur, que forman parte de lo rural o son parte de ese concepto desde las políticas habitacionales. Ante la oferta de programas habitacionales ya mencionados, aún no se hace distingo suficiente en ellos, para la consideración del sustrato cultural y de cosmovisión en estos grupos identitarios.
No obstante lo anterior, como atributos positivos de vivir en villorrios, estos habitantes destacan la tranquilidad y seguridad, una mejor calidad de vida que la forma de habitar anterior y el sentimiento de contar con una mejor calidad de vida, aspectos rescatables que no se deben perder.
En síntesis, el problema afecta a poca población pero a mucho territorio en donde todavía es posible a corregir la forma de inversión que la sociedad chilena, fundamentalmente a través del Estado esta llevando a cabo.
1. Académico INVI
2. Proyecto D.I. Mult 04/29-2. “Efectos territoriales y socioculturales derivados de la concentración de la población de la población rural en villorrios agrícolas surgidos en el contexto de la globalización”.