Encuentro Internacional de Investigadores en Vivienda y Ciudad

Transcripción Estrella Ruiz
Edición Jorge Larenas(1)

La presente comunicación tiene por objetivo difundir las presentaciones y debates desarrollados durante el Encuentro Internacional de Investigadores en Vivienda y Ciudad, realizado el pasado miércoles 16 de abril de 2008, en la Sala de Exámenes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, con la participación de investigadores y especialistas chilenos y españoles.

El Encuentro Internacional de Investigadores en Vivienda y Ciudad, se estructuró en torno a dos conferencistas invitados y tuvo como objetivo principal, intercambiar opiniones fundamentadas acerca de la regeneración de barrios y garantías sociales para el acceso a la vivienda y la ciudad en el marco de los derechos humanos, de manera de considerar las necesidades de los habitantes, expectativas, relaciones sociales, posibilidades de convivir y tener derecho a la ciudad.

1. La primera parte estuvo a cargo de Montserrat Simó, Investigadora de la Universidad de Barcelona, quien expuso sobre la Evaluación de Políticas de Regeneración Urbana: Construcción de indicadores para medir resultados de impacto, que constituye el núcleo de la tesis doctoral que actualmente desarrolla. Cabe precisar que uno de los elementos articuladores que orientan esta tesis, pasa por contribuir -desde el estudio de la experiencia de regeneración de barrios catalana- a la ampliación del sentido democrático de las políticas en su transparencia, efectividad y la eficiencia del uso de los recursos, desde una aproximación sociológica. Desde esta perspectiva, la expositora propone la construcción de un sistema de indicadores que prevean el proceso en todas sus etapas: diagnóstico, implementación y cierre.

Al respecto, plantea diseñar e implementar un sistema de evaluación dentro de una política de gestión, que en este caso sería una crítica relacionada con la implementación de programas de mejora de barrios de Cataluña. Para la evaluación de políticas de renovación urbana, Simó propone dos grandes conceptos a discutir: por una parte la evaluación, para dar información más transparente de qué es lo que ha pasado durante un periodo de tiempo acotado en un determinado lugar y, por otra, la política pública enfocada a la Llei de Barris (Ley de Barrios) vigente desde el año 2004 en Cataluña.

a. Algunas notas sobre el Programa de Regeneración de Barrios en Cataluña

Dentro del marco jurídico de la mencionada ley está el Programa de Mejora de Barrios y Áreas que Requieren una Atención Especial, es decir, la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos catalanes, especialmente de aquellos que residen en los entornos urbanos más frágiles y que agudizan la fractura social. Mediante esta ley se creó un fondo financiero a disposición de las municipalidades, que les permiten presentar proyectos de rehabilitación integral de barrios, áreas urbanas y villas en general. La ley establece que pueden recibir recursos de este fondo financiero, aquellos municipios que presenten planes de mejora para barrios o áreas, que se hallen, se hayan hallado o puedan hallarse en procesos de degradación o urbanística, con pérdida o envejecimiento de población y con problemas económicos o sociales graves.

También se tiene en cuenta el criterio de equidad territorial. Así, se valora que los proyectos incluyan actuaciones de mejora del espacio público, rehabilitación de los elementos colectivos de los edificios, provisión de equipamientos, fomento de la eficiencia energética, supresión de barreras arquitectónicas o programas de mejora económica.
La intervención se concentra en áreas urbanas, barrios y villas, además, en problemas de orden demográfico como inmigración, envejecimiento, además de otros aspectos económicos y sociales. Por lo tanto, la idea es intervenir de una forma multisectorial o de una forma amplia, global, no solamente sea el tema físico, sino que también englobe temas sociales, aspecto que se destaca en el programa.

El programa de mejora de los barrios, plantea actuaciones enfocadas a la mejora de espacios públicos, la rehabilitación y equipamiento de espacios colectivos, la provisión de equipamiento, la sostenibilidad del suelo urbano, entre otras, intentando minimizar el “libre albedrío” en las intervenciones.

Haciendo una distinción con la experiencia chilena del Programa “Quiero Mi Barrio”, esta política dura cuatro años prorrogables hasta por dos años, lo que significa toda una legislatura que permite mantener una línea en la política a través del programa en un mismo barrio.

Respecto a cómo opera el programa, Simó señala que es el gobierno quien diseña la política y establece los fondos de base (financia el 50% de las intervenciones), delegando totalmente la ejecución a los ayuntamientos que postulan a los fondos a través de proyectos. Por lo tanto, el liderazgo financiero es del gobierno, y el liderazgo de ejecución es del ayuntamiento.

b. Respecto de la evaluación de políticas públicas

En el análisis de políticas públicas, surge un problema que se plantea y se introduce en la agenda pública, pero por la transparencia que esto implica el problema pasa a llamarse problema público y no únicamente problema social, el cual genera una justificación en la política, una implementación. La serie de resultados que este procedimiento genera corresponde a la evaluación.

La idea no es “antes de irme del territorio, yo evalúo los resultados”, sino que es plantear una evaluación desde un principio hasta un final, una evaluación global y no únicamente de seguimientos, que incorpore una perspectiva crítica. Algunos factores a tener en cuenta en un enfoque de este tipo se detallan enseguida:

• Contexto – Oportunidad: El contexto político social económico es muy importante, ya que los políticos, sin ser tan complacientes con los problemas, hacen sus políticas en un momento determinado.

En el caso de Cataluña, el momento era muy especial, pues era el cambio de gobierno, después de 23 años, a un gobierno básicamente de izquierda, y era un formado por tres partidos políticos, por lo que se llamó tripartito. La Llei de Barris, es la primera ley que hicieron, fue con rango de ley ya que querían dar una idea, una notoriedad de romper con todo lo anterior y hacer una manera distinta de gobierno.

• Sistema de Actores: El programa presenta un sistema de actores, dos actores principalmente, el gobierno y el ayuntamiento o la municipalidad, que están en el centro de la política. Pero que a su vez, se vinculan concéntricamente con más actores, una multiplicidad de actores, diversos en cada territorio, con una variedad de actuaciones, que cambia constantemente; y en la evaluación, todo esto afecta ¿cómo voy a reunir toda esta información?, ya que la información proporcionada por los actores, también cambia, y así, avanza el problema o el programa.

• Sistema de Actividades: Se refiere a que existe un sistema de actividades que están previstas, según los proyectos presentados por el ayuntamiento, por lo tanto, ¿en qué me debo fijar más?, ¿hasta qué punto se hace las actividades según los proyectos presentados?

• Proceso: Según el proyecto presentado para un determinado barrio ¿cómo se desarrollar el proceso?, ¿cómo se va a desarrollar el programa?

Considerando estos factores de un carácter más global, se pasa a abordar algunas preguntas que refieren a los criterios a utilizar en los procesos de evaluación. Así a partir de interrogarse sobre qué criterios se podrían construir y qué criterios evaluativos se tendrían que tener en cuenta, Simó plante que en un determinado proyecto se tienen unas determinadas necesidades que provocan unos determinados objetivos que, con unos determinados recursos, generan unas determinadas actuaciones que van a provocar unos determinados resultados y que, más allá del proyecto, van a provocar unos impactos que es cuando estos resultados tanto previstos como no previstos, se trasladan a un conjunto de la población.

En base a todos estos elementos enlazados, se pueden construir criterios de pertinencia, coherencia, eficiencia, eficacia y efectividad.

Más allá de estos criterios tan conocidos, la evaluación debería abarcar muchos más, vincular los diferentes elementos del proceso que concretan un proyecto, como por ejemplo, cuestionarse si los objetivos planteados son pertinentes con respecto a las necesidades manifestadas, pues muchas veces éstas no tienen nada que ver con los diagnósticos aplicados inicialmente, por lo tanto, los objetivos terminan no siendo pertinentes con las necesidades.

Otro tipo de proceso que permite juntar todos los criterios mencionados con los diferentes momentos de los proyectos vinculados con la política pública, es que se tienen unos determinados objetivos por cumplir, a los cuales se les da unos determinados recursos (input), provocando unas determinadas realizaciones (output). Estos output, cuando se trasladan directamente a la sociedad permiten crear unos determinados resultados, y cuando estos resultados se trasladan a un conjunto de la población o tienen una duración más larga, serán unos determinados impactos. Nuevamente se pueden construir criterios en base a los elementos enlazados.

c. Evaluación del programa

La idea es construir indicadores cuantitativos, cualitativos y temporales, que vayan midiendo el programa, según el avance de éste. El diseño debe intentar abarcar un grupo de conceptos suficientes, tal como fue diseñado el programa: ¿los recursos y los medios que se ponen son adecuados a los objetivos que pretende cubrir?, ¿son suficientes los recursos?, ¿son escasos, sobran recursos?

El diseño debe ser participativo, ante lo cual surgen algunas preguntas: ¿hasta qué punto es participativo el diseño?, ¿qué tipo de participaciones promueve?, ¿es una participación donde hemos excluido a esas entidades un poco disidentes o críticas?, o ¿es una participación donde hemos tomado todas las opiniones?
El diseño es multidimensional, es decir, debe tener un carácter transversal que implique otros aspectos más allá de los físico-espaciales, incluyendo directamente aspectos sociales y no situándolos en un segundo plano, como suele suceder.

¿Es replicable un diseño?, ¿me permitirá aplicarlo a otros programas, en otros barrios que estén en la misma situación?, ¿el diseño comprende la coordinación entre los diferentes departamentos que ejecuta?, ¿hasta qué punto se coordinan?, ¿hasta qué punto se comunican?, ¿hasta qué punto comparten información de recursos?

¿Cómo esta diseñado la recolección de información?, ¿hasta qué punto, el programa esta diseñado para hacer la evaluación posterior?, ¿hasta qué punto el almacenamiento de datos no es un problema más para los ejecutores?, no es un añadido más el tener que rellenar datos en planillas, bases de datos, según los plazos de entrega, ¿hasta qué punto no es un problema más, una obligación más?

Sobre el proceso de la política pública, se pueden estimar los siguientes indicadores:

• Indicadores de cobertura, se refiere a la población atendida, datos cuantitativos, como ¿qué perfil tienen?, ¿cuántos se han atendido?

• Indicadores de esfuerzo, se refiere a los profesionales, como ¿qué tipo de profesionales?, ¿cuántos profesionales hemos instalados?, ¿para cuánta población atendida?, ¿para cuántos usuarios?

• Indicadores de proceso, es decir, ¿cómo se van desarrollando las actividades en un determinado tiempo de intervención?

• Indicadores de la productividad de los profesionales, ¿hasta qué punto son productivos de mantener solucionadas las problemáticas a sus usuarios?

• Indicadores de calidad, ¿qué calidad de productividad tenemos?

Por lo tanto, es importante identificar el objetivo global que, en el caso de Cataluña, será la cohesión social determinando diferentes objetivos que van a hacer los campos de actuación, como la mejora y dotación de espacios públicos. Entonces, a partir de este momento, se podrán construir indicadores cuantitativos, cualitativos y temporales, según diferentes criterios: indicadores que den cuenta de la eficacia; indicadores que den cuenta de la efectividad; indicadores que den cuenta de la eficiencia; y, el más importante, el criterio de la sustentabilidad o de la utilidad social, es decir, cuando yo, como evaluador, me vaya de este barrio, ¿hasta qué punto va a ser sostenible la situación?, ¿hasta qué punto voy a crear una dependencia sobre la gente, sobre los usuarios del mismo barrio?, ¿el barrio va a continuar desarrollando sus potencialidades y va a abandonar ese paternalismo del programa y va a continuar por sí solo con la independencia?, ¿va a ser autónomo?. Y una de las grandes interrogantes, ¿hasta qué punto es sostenible la política pública? Luego, con respecto a los resultados, ¿hasta qué punto los resultados se van dando a lo largo del tiempo?, cuando me vaya de este barrio, ¿hasta que punto serán sostenibles estos resultados?

d. Problemas asociados al programa

Dentro de los problemas que se presentan tenemos, primero, diversidad de barrios, territorios completamente diferentes, en población, en problemáticas, unos barrios más críticos, unos barrios más vulnerables, barrios con diferentes situaciones. Como podríamos solucionar el problema con un diseño suficientemente flexible, y con una selección de una muestra suficientemente amplia para poder recoger toda la información que proporciona el barrio, y luego, que la evaluación pueda ser después extrapolable.

Otro de los problemas que se presenta, es que los grupos sociales tienen problemas que no son estáticos, son totalmente dinámicos, por lo tanto, los problemas maduran, sin o con la intervención de alguien, pero luego aparecen nuevas problemáticas.

En el tema de los objetivos, se observan objetivos poco claros, objetivos que todo el mundo entiende en forma diferente y objetivos que se operativizan de forma diferente, ya que son diferentes las actuaciones de qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto, a la hora de evaluar aparece una multiplicidad de objetivos.

Según el tiempo real y tiempo político. El tiempo real son cuatro años más dos años prorrogables, pero esos resultados que van dándose a lo largo del tiempo, no cambian de un día para otro, y menos en aspectos sociales; la gente aprende, madura y reflexiona. El tiempo político son cuatro años, inusualmente puede ser menos, por lo tanto, no concuerdan.

Y con respecto al tema de cómo medir los impactos, los resultados que se dan sobre el conjunto de la población pueden tardar tiempo en aparecer, por lo tanto, ¿hasta dónde delimito esta población?,
¿son solamente los que viven en el barrio, son los vecinos de este barrio que también están expuestos, que también tienen algo que decir, y que también están afectados, y que también tienen una opinión sobre el barrio, lo estigmatizan o no, pero también tienen opinión?

2. En segundo término, le correspondió intervenir a Mauricio Rosenbluth, Director de Estudios de la Fundación para la Superación de la Pobreza, quien expuso sobre Pobreza y Derecho a la Vivienda, desde la óptica de un modelo que ha venido desarrollando la fundación en torno a garantías sociales en el campo de las políticas públicas.

En la Constitución Política de la República de Chile, el reparo que plantea el artículo 5º(2), efectuado en 1989, amplía la serie de derechos consagrados en el artículo 19º de la Constitución al incorporar los derechos garantizados en los tratados internacionales en que Chile es parte. Sin embargo, preocupa que algunos derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vivienda, no se consideren justiciables, por lo que se considera necesario adoptar medidas efectivas para promover el Derecho a la Vivienda.

Sin embargo, en el caso chileno existe una paradoja pues si bien no se ha explicitado el contenido del derecho a la vivienda en sus normativas de jerarquía superior, Chile aparece como uno de los países con mayor control sobre el déficit cuantitativo de viviendas sociales además de mostrar ritmos constructivos importantes. No obstante, al carecer de contenido y operacionalización, el derecho a la vivienda no es exigible y las autoridades gozan de un amplio margen de discrecionalidad administrativa.

Lo anterior se expresa en que la política de vivienda resultante se ha hecho bajo un soporte jurídico de nivel reglamentario, con un énfasis en la resolución de carencias y no en la garantización de un derecho y, finalmente, sin un enfoque de políticas sociales integradas.

Ahora bien, la reflexión planteada por la fundación se sitúa en una preocupación mayor por el complejo fenómeno de la pobreza, que en términos socioespaciales se plantea un Circuito de la Exclusión, marcado por la segregación espacial, la falta de oportunidades de trabajo y la baja escolaridad, generando un quiebre de la convivencia social y un aislamiento social a los sectores más pobres de la población.

Desde los enfoques de pobreza: aumenta la vulnerabilidad social ante prácticas institucionalizadas de exclusión social, existe un desarrollo limitado de recursos y activos humanos y sociales, existe una dificultad en el desarrollo de capacidades de aprendizaje, existe una insatisfacción de sus necesidades educativas y afectivas.

La Fundación para la Superación de la Pobreza apuesta a construir un Sistema de Garantías Sociales para la Vivienda, comprometiendo a todos sus miembros por el sólo hecho de formar parte de ella, resguardando el acceso al bienestar y las oportunidades. Las garantías en vivienda y ciudad se materializan a través del Derecho a la vivienda social y su localización, al equipamiento del hogar, a servicios básicos, al equipamiento del barrio, a la seguridad, a la conectividad.

Las garantías sociales resguardan a la ciudad para que los derechos sean ejercidos. El ejercicio de exigir derechos sociales en educación, salud, vivienda, trabajo, ingresos, lleva consigo un dominio progresivo, expresa un valor protegido, que se abstrae de los vaivenes del mercado y las vicisitudes de la política. La garantía social establece los mecanismos que permiten su realización y goce efectivo tomando en cuenta los acuerdos políticos, la disponibilidad de recursos y el avance de la técnica.

a. Garantías de Derecho a la Vivienda, según la Vivienda Social

En materia de acceso, no esta definido el bien o la prestación garantizada de “la vivienda social”, tampoco está explicitado y garantizado el acceso a tales prestaciones. La vivienda social, esta definida según el avalúo fiscal de la propiedad que no podrá superar las 650 unidades de fomento, en circunstancias que todas las otras variables vinculadas a las características de materialidad están ausentes en esta definición. Es un concepto muy restringido, y que en realidad solamente está apelando a la protección financiera, al valor que estas viviendas tienen, pero no a sus características intrínsecas, y eso es una lamentable omisión porque, además, ha hecho que finalmente la política de vivienda esté vinculada fuertemente a la entrega de subsidios, excluyendo los otros ámbitos o desvinculándolos de la vivienda.

En materia de permanencia, sólo existen algunos programas de reparación de la vivienda, que detienen su proceso de obsolescencia, pero no hay accesos directos para estos programas de reparación, hay que concursar con ciertos obstáculos.

En materia de protección financiera, básicamente tenemos un sistema de subsidios a la demanda, y en ciertas zonas los subsidios son muy limitados para obtener funciones de calidad. Gran parte del presupuesto, se lo lleva la compra del suelo. Hoy en día, esta situación, se esta tratando de equiparar, entregando un subsidio por el suelo y un subsidio, también, por la construcción, que eso mitigaría, un poco este déficit. Pero todavía sigue siendo un subsidio probablemente, muy bajo para obtener soluciones que sean acordes para satisfacer otras de necesidades.

En materia de calidad, cada programa de vivienda es un programa de subsidio, vinculado al fondo de vivienda social, en el cual existe un reglamento que define ciertos estándares que resguardan las soluciones de la vivienda, donde se supone que eso es un referente para generar el proyecto. Sin embargo, no condicionan exigibilidad necesariamente, y si eventualmente esto es vulnerado, las personas tienen que ir a tribunales, y eso evidentemente es engorroso y largo. Por lo tanto, faltan sistemas de acreditación y fiscalización que permitan asegurar que se están haciendo las cosas como se debe y se están cumpliendo las normas y las reglas.

En materia de oportunidad, no existen garantías explícitas para obtener el subsidio, para que éste se materialice en una solución. Hay que señalar, en todo caso, que ha operado alguna flexibilización de procesos, pues hoy en día, las postulaciones a la vivienda se han mensualizado, por lo tanto, eso ha permitido que haya mayor oportunidad de entrega de subsidios, haya posibilidades más oportunas a las necesidades del subsidio, y se han condicionado las entregas de los subsidios a los proyectos, ya que está la presencia de un organismo asesor, que es la EGIS, pero ello no garantiza plazos precisos asociados al proceso de obtención de una vivienda que puedan ser exigibles.

En materia de reclamos, no existen muchos mecanismos administrativos, a menos que en la postulación a los subsidios y en la entrega de éstos se hayan cometidos desordenes en la prelación de los proyectos, entonces si un proyecto que estaba priorizado no le entregan el subsidio, respecto a otro que estaba más abajo, las personas tienen posibilidades de hacer un reclamo administrativo, pero, en definitiva, el conjunto de garantías de vivienda social no es exigible en términos específicos, básicamente, hay que recurrir a tribunales de justicia ordinaria y en esos casos, las soluciones son temporales, y además como no están explícitas las cosas, cuesta que los jueces puedan entrar a definir y dirimir ciertas situación. Entonces, si bien tiene que haber una expresión de los tribunales de justicia, deben desarrollarse mecanismos previos, para que la gente, efectivamente, pueda reclamar y solicitar la restitución de lo que ha sido vulnerado.

En materi
a de participación, existen instancias y mecanismos de participación puntuales, fundamentalmente ligados a que tienen que se ser postulaciones colectivas, pero queda pendiente su participación en el diseño y en la evaluación de las políticas y, por tanto, también en su definición

b. Orientaciones para una política garantista

Ahora, desde el punto de vista de las prioridades de la Fundación para la superación de la Pobreza, consideran que en materia de vivienda, debiera acentuarse, debiera enfatizarse en los próximos años, un estatuto de garantía, en este ámbito.

En accesos, indudablemente hay que reformular la política, no puede ser que la vivienda social este definida solamente por un valor en unidades de fomento, y un metraje específico.

En términos de calidad, existe un reglamento que establece una espacialidad mínima, pero se necesita un marco normativo mayor que establezca un mínimo de espacialidad que incorpore, además algunos criterios de flexibilidad que esté en relación, por ejemplo, a la composición de las familias tradicionales que optan por estos programas, que incorpore equipamiento mínimo y una materialidad que además permita su durabilidad, pues muchas de estas viviendas tienen una vida útil bastante corta que no permite su transferencia intergeneracional.

En materia de oportunidad, deberían establecerse tiempos máximos de espera para obtener la vivienda o una clara definición de prestaciones alternativas, cuando los plazos no se pueden cumplir, ya sea porque no hay recursos disponibles o por que no hay inmobiliarias que estén interesadas. Por lo tanto, debiera haber dispositivos, que permitan entregar soluciones transitorias, pero que estén tipificadas según sea el caso. Es así como surgen alternativas de alquiler imputado, alquiler subsidiado, contextos de individuos unipersonales, lugares unipersonales para personas que están en situación de calle o viviendas de emergencia, especialmente en las catástrofes.

Es necesario, acordar que estipular garantías sociales implica pactar su contenido mínimo, contenido mínimo de los derechos sociales vinculados a estas garantías.

Es necesario, asegurar estabilidad en el tiempo en conjunto con oportunidades elementales. La garantía da esa estabilidad en el tiempo, trasciende un gobierno, prioriza el gasto social, paga sus cuentas, por lo tanto, son garantías sociales, disminuye la discrecionalidad administrativa, las cosas son explícitas, los titulares tienen muy claro lo que pertenece o los que tienen derecho y los que no tienen derecho.

Es necesario empoderar a sus beneficiarios para que puedan efectivamente reclamar, exigir, comprometerse más con las soluciones de una forma más adecuada y, además, facilitar indudablemente el control social y rendición de cuentas.

3. Finalmente, en base a los elementos de discusión y debate que provocaron ambas ponencias se configuró una síntesis en torno a tres tópicos. El primero de ellos refiere a las transformaciones del contexto en el cual se interviene, frente a los cual es preciso desarrollar mecanismos e instrumentos que permitan “leer” mejor ese contexto que además es cambiante. Al respecto, se aprecian unas estructuras de intervención en el campo de la vivienda y la ciudad (desde el aparato público) que se ven superadas permanentemente por dicho contexto, situación que se evidencia en las permanentes modificaciones que ha sufrido la política habitacional, las que no logran, sin embargo, resolver adecuadamente la complejidad del fenómeno, pues su accionar continúa anquilosado en el enfoque sectorial que tiende a omitir aproximaciones de mayor integralidad. Complementariamente, y este constituye el segundo tópico, se instala la necesidad de abordar la problemática urbano-habitacional desde una perspectiva más comprehensiva que conciba la ciudad como unidad de intervención, pues en ella puede abordarse el territorio en su complejidad, considerando sus múltiples escalas y asociándolo no sólo a la dimensión físico-espacial sino vinculándose a sus habitantes-ciudadanos, lo que otorga un nexo con la noción del habitar a la vez que instala una perspectiva de derechos (ciudadanía). Por último, más desde una perspectiva académica (como preocupación particular), aparece la necesidad de instalar definitivamente abordajes interdisciplinarios, pues frente a fenómenos complejos es necesario confrontar abordajes complejos. Lamentablemente, se constata que esto no ha logrado permear al sector, observándose algunos intentos que no superan el estatus de experiencias piloto y no trascienden al conjunto de la política.

En esa dirección, iniciativas aparentemente expandidas en el debate académico y en el de organismos internacionales, referidos a modelos de evaluación de impacto y a la necesidad de generar políticas garantistas, éstas resultan lejanas en el escenario de la operación de políticas públicas. Sin embargo, se entiende que éste constituye un desafío para el mundo académico en su obligación de establecer interlocuciones propositivas y críticas con los hacedores de políticas.
1. Académicos INVI
2. Artículo 5º. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.