Por Jorge Larenas Salas
Director INVI
Es posible plantear que la preocupación por el hábitat debe ser una tarea central de las sociedades pues ella interpela aspectos fundamentales del desarrollo, tales como la integración (o fragmentación) y la inclusión (o exclusión) de sus miembros. El hábitat hace referencia a los asentamientos humanos que no son meros agregados de individuos sino que son el resultado de procesos sociales, políticos, económicos y culturales de largo aliento. Lo anterior quiere decir que nuestro hábitat no es “natural” sino que es socialmente construido y refleja las tensiones y disputas que atraviesan a las sociedades, produciéndose a la vez una relación dialéctica entre hábitat y sociedad, siendo cada uno de ellos estructurante y estructurado respecto del otro.
Por otra parte, considerando que la población del planeta vive mayoritariamente en áreas urbanizadas podemos hacer un símil entre hábitat y ciudades, por lo que la reflexión en torno al hábitat podemos situarla expresamente en el ámbito de la vida en las ciudades. Al respecto, las ciudades contienen en su interior múltiples formas urbanas que denotan -a modo de capas superpuestas- los distintos modelos de organización en torno a proyectos de desarrollo consensuados en los grupos dirigentes de las épocas respectivas. En esa línea es posible “leer” la amplitud y profundidad de la democracia urbana imperante en los distintos períodos históricos por los que ha atravesado la sociedad y su expresión tajante y concreta en el espacio urbano.
Así, en la trama urbana de nuestras ciudades, particularmente en Santiago de Chile, podemos distinguir trazos de la ciudad construida en el marco de un Estado Oligárquico, la cual combinaba palacetes con conventillos e indicios de acciones públicas de tinte filantrópico; esbozos de una ciudad republicana planificada desde un proyecto inconcluso de Estado de Bienestar que buscó trastocar las tendencias excluyentes del primer siglo de nuestra historia independiente; y la implantación de una ciudad que expresa un proyecto institucional que legitima un uso del espacio urbano extendido y segregado a la vez que tiende a minimizar el rol del Estado en la construcción de ciudad.
Sin duda que las ciudades chilenas de hoy evidencian de manera certera las enormes desigualdades que la propia sociedad ostenta: la distribución del ingreso en el territorio es manifiesta; la posibilidad de participar equitativamente en el acceso a bienes y servicios está fuertemente coartada por la ausencia de un sistema que garantice estándares mínimos y produciéndose dualidades entre servicios públicos y privados; y quizás lo más complejo está dado por la ausencia de mecanismos inclusivos en la toma de decisiones para amplios sectores sociales respecto de los destinos de sus ciudades.
Ahora bien, el proceso que ha venido instalándose en la agenda internacional respecto a las cuestiones del hábitat desde la convocatoria, en 1976, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat I) y que tuvo como resultado concreto la creación de una agencia especializada en la figura del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT), y al cual se ha logrado articular la sociedad civil desde la proliferación de las cumbres mundiales de los años noventa que en el tema que nos convoca se manifestó en Hábitat II desarrollado en Estambul en el año 1996. A la luz de estos acontecimientos, podemos decir que globalmente se ha instalado la idea de que los destinos de las ciudades no son sólo tareas de Estado sino que involucran también a la sociedad civil y que ésta debe participar crecientemente en su construcción.
Sin embargo, esta idea no necesariamente ha encontrado eco en el “modelo” de construcción de ciudad imperante en nuestro país, el cual sigue respondiendo a los grandes intereses corporativos que en la práctica promueve la inclusión de algunos (aquellos que disponen de una combinación de capitales para jugar con las reglas del mercado) a cambio de la exclusión de otros (los que requieren de políticas sociales -de carácter compensatorias- para acceder a algunos bienes y servicios).
Una pésima señal al respecto, es la ausencia de un debate profundo sobre estos temas en el escenario electoral en el cual nos encontramos, pues no ha habido mayores indicios respecto a como enfrentar los desafíos que enfrentan nuestras ciudades. Pareciera ser que no es un tema relevante en la agenda pública de nuestro país.
Por ello, y más allá de que sea una conmemoración emanada desde una agencia multilateral como UN-HABITAT, la conmemoración del Día Mundial del Hábitat ofrece una oportunidad para discutir y reflexionar sobre la ciudad que queremos desde la perspectiva de un nosotros amplio y sin exclusiones.
Al respecto, una señal sustantiva y que es preciso irradiar hacia la agenda pública nacional es el contenido de la convocatoria de este año: Planificando nuestro futuro urbano. Una lectura concisa de esta convocatoria permite distinguir dos poderosas ideas que han estado relativamente ausentes de nuestras políticas urbanas: la primera hace referencia a la necesidad de reinstalar mecanismos más sustantivos de planificación urbana que promuevan un crecimiento más ordenado y orgánico de las ciudades y contrarrestar los efectos de una urbanización acelerada y descontrolada, situación que no sólo afecta a nuestras metrópolis sino que al conjunto de nuestras ciudades, poniendo en riesgo no sólo el medio natural sino fundamentalmente la calidad de vida de sus habitantes. La segunda idea interpela al modo en que deben instalarse los esfuerzos planificadores, puesto que las cuestiones del hábitat y de la ciudad nos interpelan a todos, las estrategias de planificación deben vincularse de manera efectiva con las aspiraciones, expectativas y necesidades del conjunto de los habitantes y no responder de manera diferenciada beneficiando como hasta ahora a aquellos sectores que poseen capacidades para incidir en la toma de decisiones (un ejemplo claro es el efecto diferenciado que las presiones de vecinos han tenido en los grandes proyectos de autopistas urbanas realizados en la última década en Santiago).
Otro elemento potente que se instala en la agenda internacional y que debemos contribuir a instalarlo en el debate nacional tiene que ver con la convocatoria al Foro Urbano Mundial 5, que se realizará en marzo próximo en Río de Janeiro y cuyo lema será el “Derecho a la Ciudad: Uniendo el urbano dividido”.
El desafío, por tanto, es instalar un debate transversal respecto a las ciudades que queremos y en ello hacemos una invitación desde la academia para involucrarnos en estas tareas, que es un compromiso de todos y que no implica poner en riesgo los necesarios procesos de reproducción del capital y del poder político, sino que se trata en ponerlos en sintonía con las aspiraciones de la sociedad en su conjunto. En otra palabras una ciudad de todos y para todos.