Por Walter Imilán
La semana anterior a la conmemoración del segundo año del 27F, en calidad de coordinador del Observatorio de la Reconstrucción, llevé un sinnúmero de conversaciones con periodistas de los más diversos medios de comunicación. El tema y las preguntas eran invariables: ¿avanza o no avanza el proceso de reconstrucción? ¿Cumplirá o no las promesas el gobierno?
La experiencia de nuestro proyecto del Observatorio (INVI junto NexoRSU de FEN e INAP), que con pocos recursos pero con un equipo entusiasta, multidisciplinario y con una gran curiosidad intelectual, nos había permitido durante el 2011 participar en más de una veintena de reuniones con dirigentes y comunidades afectadas, presenciar reuniones con autoridades, ser testigos de manifestaciones y protestas, y por sobre todo, compartir con cientos de personas de distintas localidades que percibían, algunas más, algunas menos: aislamiento, falta de comprensión, confusión y unas expectativas que, a esta altura, más que mesuradas sobre la rapidez y calidad de las soluciones. No obstante, los medios se esforzaban en calificar como lento o rápido el accionar del gobierno, aún prestando poca atención a la complejidad del proceso. El domingo anterior al 27 febrero 2012, el diario La Tercera extrae una “cuña” como parte de una extensa conversación que había sostenido con su periodista temático de reconstrucción. Al titular del artículo principal seguía una cita donde yo afirmaba que la reconstrucción alcanzaría apenas un 10% de avance y no un 47% como lo expresaba el gobierno por aquellos días. En menos de 24 horas el indicador se propagó por medios escritos, de radio y televisión. Se preguntaba a autoridades respecto a esta nueva lectura. Surgieron otros actores a promover su propio 10% de avance, como algunos diputados y la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcaldes de ciudades costeras no tardaron en reconocer que ese 10% era el avance real en sus localidades. Sin duda, que el asunto de las cifras dominó la agenda de la semana, como la BBC informó para el mundo titulando: La pelea por las cifras de la reconstrucción. En lo personal estaba extrañado del revuelo, si finalmente lo único que habíamos hecho era desagregar los datos que el Minvu publicaba, y aún más, el interés en este ejercicio era ejemplificar respecto al problema metodológico que presentan los informes oficiales de reconstrucción al establecer porcentajes de avance. El 10%, me aburrí de explicarlo, se trataría de avance en construcciones nuevas. La dificultad surge en cuanto el 47% del Gobierno (informe Segpres) es un promedio respecto a la ejecución presupuestaria en una serie de ámbitos, donde vivienda es sólo uno de ellos. Ciertamente, Segpres y Minvu tienen metodologías distintas de medición para evaluar la reconstrucción de vivienda y territorio, pero eso a esta altura es otro asunto. Vuelvo a lo anterior, en medio del revuelo noticioso me dí cuenta que nadie leia los informes del gobierno, las cifras estaban ahí, a un click de distancia para debatirlas. Pero el problema no es sólo que estos informes no se leyeran, sino por sobre todo, el problema es la lectura que se realiza, en este caso constreñida a la estadística global, resulta demasiado estrecha para comprender el proceso. En efecto, al poner en cuestión las metodologías estadísticas utilizadas, nuestra intención era expresar lo insuficiente que resultaba un debate centrado en cifras.
La dificultad cierta es que los porcentajes, cualquiera sean ellos, no son más que representaciones gruesas de la realidad. Hemos observado durante todo el año 2011 en nuestro trabajo de terreno en numerosas localidades que los procesos locales de reconstrucción difieren a niveles extremos. Las realidades tienden a distanciarse hasta un punto que hacen dudar respecto si es justo ponerlos todos bajo la misma denominación de reconstrucción que supone poner a todas esas realidades bajo un mismo tipo de gestión. De una localidad a otra los actores locales y gubernamentales cambian. Los flujos de información y recursos son en extremo diversos. Actores como ONGs y fundaciones tienen presencias desbalanceadas en el territorio. Surge entonces, el desafío desde una posición académica de intentar leer esta diversidad y explorar en sus representaciones. En cierta forma, es la necesidad de pasar del análisis cuantitativo, que ha servido hasta ahora como comunicación a la opinión pública pero que escasamente representa las formas del habitar cotidiano de las comunidades afectadas, a una lectura que de cuenta de las cualidades situadas del proceso, no sólo como “relato” o “testimonio” de lo que ha sucedido a nivel local, sino por sobre todo como fuente para diseño e implementación de política pública.
Es necesario que la discusión sobre reconstrucción en lo próximo cambie el foco desde una de tipo subsidio-céntrico (cuántos subsidios asignados, cuántos ejecutados) hacia una que se centre en las condiciones locales del hábitat residencial. El lenguaje de la estadística global que ha dominado la reflexión y evaluación hasta ahora debe complementarse con las particularidades y complejidades locales, y en ese giro de lectura, incorporar las distintas escalas territoriales del proceso de reconstrucción. Este es aún espacio abierto no tan sólo para reflexionar sino también para implementar, es tiempo aún de proponer y discutir las intervenciones que se llevarán a cabo en los próximos años.
No es nada de fácil repensar teórica y metodológicamente las formas de leer y representar un proceso complejo. No obstante, ésto resulta uno de los desafíos más relevantes para los interesados en los fenómenos del territorio que haya surgido en los últimos veinte años. El asunto es madurar un campo de trabajo académico que apoye la reconstrucción material y de proyectos de vida tanto de los y las afectado/as del 27F, como prepararse para próximos eventos similares que inexorablemente tendrán lugar en el futuro.