Desafios de la política habitacional chilena actual

por Rubén Sepúlveda Ocampo (1)

Al realizarse durante la segunda semana del mes de octubre dos eventos importantes como son por una parte, la XVI Asamblea de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo en América Latina y el Caribe (MINURVI) y por otra, la V Jornada Internacional de Vivienda Social y el XIII Encuentro de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda (ULACAV) que bajo el lema “El Derecho a la Ciudad y a la Vivienda; propuestas y desafíos en la realidad actual” abordarán diversos temas relativos a la construcción del hábitat residencial y obviamente, las delegaciones extranjeras tendrán un interés especial en conocer los desafíos que enfrenta en materia de segregación social y urbana, inadecuada localización de la vivienda y la insuficiente calidad del producto habitacional entregado, la denominada Nueva Política Habitacional Chilena impulsada por la administración de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010).

Especial interés va a concitar el transito desde una mirada viviendista del problema, a un enfoque de carácter compensatorio y descentralizado que facilite la intersectorialidad y contribuya a generar hábitat residenciales mas integrados, manteniendo su condición de Política de Estado. Sin lugar a dudas, es positivo pasar de una política habitacional basada en una adecuado sistema de financiamiento para alcanzar resultados cuantitativos(2) a una política que entiende que el hábitat residencial es “…un sistema complejo de relaciones físico espaciales y psicosociales insertos en un contexto social, político, económico, cultural y físico-ambiental particular”(3) , que tiene tres dimensiones: territorial, socio cultural y político económico.

Claro que este desafío político planteado, hace surgir la interrogante si efectivamente ¿se puede lograr esa integralidad solo incorporando cambios en ciertas acciones programáticas? o se requiere de cambios estructurales que afectan el “ADN” de la política planteada, modificaciones que hacen surgir una nueva interrogante ¿estarán dispuestos asumir estos cambios los agentes económicos que han ejercido tradicionalmente una política de lobby desde que fue implantada en 1978 esta política habitacional basada en el modelo de subsidio a la demanda?

Es valioso que se empiece a discutir sobre los fundamentos teóricos de esta nueva política, pero se debe tener claro que dicha mirada será diferente si proviene desde los paradigmas profesionales, desde organismos internacionales, o desde los intereses sectoriales de cada actor involucrado (sector público, financiero o productivo, habitantes). En el caso chileno, los fundamentos de la actual política habitacional han sido ambiguos, ya que todavía se sigue sin superar aquella concepción viviendista de su origen, que por una parte, no logra dar cuenta de los cambios culturales, sociales, políticos y económicos contemporáneos, en torno al problema del hábitat humano y por otra, dificulta su sentido de acción redistributiva. A lo que se agrega la disociación entre ella y la política urbana.

Sin lugar a dudas los cambios expresados en la Nueva Política Habitacional Chilena, enfrentan los poderes fácticos que no estarán dispuestos en forma sencilla a entregar cuotas de poder que se han consolidado en estos 17 años de democracia. A su vez, las instituciones que inciden en la construcción del hábitat residencial obedecen a una estructura institucional enmendada del periodo del Estado de Bienestar que no contempla dentro de sus indicaciones normativas y reglamentarias, atribuciones para operar en forma eficiente dentro de un modelo de economía de mercado y éste es un debate que es necesario asumirlo en la coyuntura actual.

El conjunto de actores involucrados -especialmente, los habitantes- deben participar en un amplio debate sobre el cambio profundo que significa generar políticas habitacionales y urbanas integrales, que intervengan los mercados preservando el interés del conjunto de la sociedad, controlando la obtención de rentas, redireccionando –en sentido social- tanto los recursos a asignar, como la riqueza producida, tendiendo a promover condiciones de acceso a los bienes y servicios del hábitat mucho más equitativos e integradores, que avance en el reconocimiento del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda.

Junto con las necesarias reformas institucionales (que a mi juicio deben iniciarse en este periodo presidencial), se requiere de un cambio en la cultura institucional, ya que la resistencia voluntaria o involuntaria de las estructuras y de los agentes técnicos, políticos y administrativos para implementar una transición desde un sectorialismo a un trabajo compartido, significa cambiar hábitos y cuotas de poder, que muchos operadores políticos y tecnócratas no estarán dispuestos a entregar.

Adicionalmente, es necesario evitar el excesivo programismo con que se expresa la actual política habitacional, ya que ello puede convertirse en nuevos espacios de poder ocupados por tecnócratas o políticos que le interesa cumplir solamente metas cortoplacistas o defender a ultranza esos espacios conseguidos.

Las modificaciones realizadas a programas habitacionales existentes son acertadas, pero todavía es necesario resolver los problemas de una excesiva burocracia, incapacidad efectiva de fiscalización de un uso eficiente de los recursos públicos y generación de una participación real de los habitantes, como lo demandan un conjunto de organizaciones sociales.

Los objetivos teóricos del Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio” son loables, pero estimo que deben realizarse los ajustes necesarios que tienen que ver con la forma de gestión, que por las premuras de cumplimiento de metas anuales, termina transformándose en una seudo participación y porque el Plan de Acción, no necesariamente se puede cumplir, especialmente, en lo relacionado a la dimensión social que requiere de tiempos mayores, como así lo han indicado numerosos dirigentes poblacionales. Por otra parte, si bien es valioso intervenir 200 barrios, este programa debiera consolidarse en un pilar de la nueva política habitacional que contribuya a recuperar tejido urbano y social degradado, pero ello, debe realizarse mediante Planes Territoriales Mayores, donde en una adecuada programación se vaya interviniendo en todos los barrios. No se saca significativamente mucho con recuperar un barrio, si el entorno sigue degradado.

Por último, para lograr los objetivos de la integralidad de esta Nueva Política Habitacional, se debe propender a una acción concertada de la Política Habitacional, el Programa de Recuperación de Barrios y la Agenda de Ciudades, cuyo primer paso valioso es el proyecto de ley de suelo para la integración social actualmente en trámite legislativo y profusamente cuestionado tanto por los agentes económicos que han profitado de la política habitacional que se pretende cambiar, como por los intereses políticos transversales afines a una política viviendista.

1. Director Instituto de la Vivienda.

2. Según el Censo del 2002, el parque habitacional chileno estaba constituido por 4.399.952 viviendas, de las cuales 500.000 viviendas han tenido un valor inferior a US$ 11.200.- (UF 400), orientadas a resolver la carencia habitacional de las familias en situación de pobreza, donde se han concentrado la mayor parte de los problemas relativos a c
alidad del hábitat que conforman.

3. Sepúlveda Rubén et Al, 2005: “Bases Conceptuales de un Sistema de Información en Vivienda para el Instituto de la Vivienda” Proyecto de Investigación “Sistematización teórica – conceptual en el marco de un Sistema de Información en Vivienda (SIV)”. Concurso FAU 2004. INVI FAU U de Chile. Santiago de Chile. Junio 2005. Pág. 38