Reconstrucción con participación: la propuesta del derecho a la ciudad

Por Claudio Pulgar Pinaud  (@cpulgarpinaud)

Académico INVI y Director de Extensión FAU

Han pasado 3 meses desde el terremoto y maremoto que azotó a Chile el 27 de febrero de 2010. Durante este periodo, en muchos espacios de discusión se ha dicho que la reconstrucción es una oportunidad para desplegar estrategias de desarrollo sostenible, que promuevan la construcción de mejores ciudades, con mayores grados de ciudadanía, todo ello pensando en el largo plazo. Sin duda que se trata de buenas intenciones que muchos compartimos, pero ¿cómo hacerlas realidad?

En los hechos, sin embargo, coexisten tremendas diferencias de enfoques para afrontar la reconstrucción. Por un lado el gobierno ha apoyado que la reconstrucción en algunas zonas devastadas, siguiendo el modelo de New Orleans, la realicen grandes grupos empresariales (Grupo Hurtado Vicuña en Talca, Cencosud en Talcahuano, por citar los dos casos más emblemáticos);  y por otro lado distintos actores de la sociedad civil (ONGs, organizaciones sociales, Universidades) han manifestado su demanda por iniciativas que recurran a acciones de participación vinculante en la reconstrucción. Lo interesante es que algunas autoridades locales se han unido a esta propuesta de la sociedad civil, la cual se aproxima  a la experiencia basada en la participación que tuvo la ciudad colombiana de Armenia para su reconstrucción.

Siguiendo a Bourdieu, sabemos que la participación se entiende de distinta manera dependiendo de la posición que ocupemos en el espacio social. También sabemos que hay diferentes modos de participación, siendo la más habitual aquella que se circunscribe a la información o a la simple consulta de planes ya realizados. Desde nuestro punto de vista la participación es más compleja y profunda que sólo información y consulta, e implica involucramiento de los actores desde los orígenes de los procesos hasta sus concreciones, así como en su seguimiento. Se trata entonces de procesos de empoderamiento, donde la participación es vinculante, entendida además en el sentido amplio de profundización democrática. La participación debe ser entendida como gobernanza, entendida ésta como redistribución del poder desde el Estado a los actores sociales.

En un nivel más práctico, se reconoce la existencia de diferentes ámbitos posibles de abordar con enfoques participativos: por ejemplo en el diseño de las políticas públicas, en la planificación urbana, en la configuración barrial, en el diseño de la vivienda, entre otras.  Se reconoce también que la participación puede darse en distintas etapas: participación en los diagnósticos, en los objetivos, en la programación y planificación, en los diseños, en la realización o hasta en la operación y gestión de los proyectos.
Existe otra arista de la reconstrucción en la que no profundizaremos la mirada aquí, pero que es muy importante tener en cuenta, ésta es la del mercado del suelo post-terremoto. Son muchas las denuncias de especulación que han aparecido en algunas ciudades devastadas, ejemplos claros en los centros de Talca y Talcahuano. El rol que juegue aquí el Estado será clave para regular abusos especulativos y procesos de expulsión de habitantes. Está en juego el rol público del Estado, y de sus instrumentos para resguardar y velar por el bien común, a esto debemos agregar la ampliación de lo público, incorporando a otros actores en las decisiones en el camino de la gobernanza, desde el enfoque de concebir las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad como premisas básicas.
Lo que han logrado las políticas públicas subsidiarias de los últimos treinta años en Chile, especialmente en el tema urbano-habitacional, ha sido convertir a los habitantes en simples beneficiarios, los cuales son asistidos por programas sociales, siendo sólo objetos focalizados de la política pública. La visión “negativista” [1] desde el Estado hacia los territorios devastados posteriormente al terremoto y maremoto, podría convertirse en terreno fértil para fomentar la gentrificación, la expulsión de los habitantes, y luego la segregación física y simbólica. Proponemos una mirada diferente hacia las zonas siniestradas, la cual además coincide con el enfoque de derechos en políticas públicas centradas en el habitante.
Podemos hacer referencia al concepto de alienación, instaurado por la política habitacional subsidiaria, entendido como esa situación “impuesta en todas la facetas de la vida cotidiana del individuo por instituciones y organizaciones que no permiten su participación en la provisión de servicios”[2]

Turner culpa de esta alienación, a los sistemas heterónomos, administrados centralmente y dependientes de grandes estructuras piramidales de crecimiento continuo, basadas en tecnologías centralizadoras [3]  .Se refiere a la reducción de la libertad cotidiana, fundamentada en una actitud feudal por parte del Estado hacia las clases sociales. Señala que esta actitud no es responsabilidad exclusiva de los políticos o dirigentes, sino que también de profesionales y funcionarios que implementan las políticas, y que tienden a considerar a los ciudadanos “comunes” -los habitantes- dependientes de ellos y de sus decisiones como expertos. Todos, políticos y profesionales realizan una “administración de servicios a unos beneficiarios dependientes, cuya ignorancia e incapacidad se dan por sentadas”, poniendo en práctica una forma de relación paterno filial y de dependencia entre el Estado y los pobladores .[4]

Se trata de entender el rol eminentemente público del Estado, plantearlo como necesario para la existencia de ciertas instituciones, estructuras, regulaciones y financiamientos, pero con mayores grados de gobernanza, es decir, redistribución del poder y de las decisiones; e insistimos en que la responsabilidad tiene que ver también con el paradigma que manejan los supuestos “expertos” -los profesionales- los ejecutores de la política, quienes, no dan espacios de participación a los pobladores.

Muchos enfoques de políticas públicas, así como de investigaciones académicas, consideran a los habitantes en este caso para el proceso de reconstrucción post terremoto sólo como objetos o problemas a resolver por las políticas sociales, urbanas, habitacionales, etc., pero pocas veces se los plantea como protagonistas de los procesos, ya que los territorios no son entendidos como espacios con potencialidades emancipatorias.

Un camino para avanzar en este sentido sería adoptar el enfoque de derechos en políticas públicas, las cuales se basan en la participación de los habitantes en el diseño e implementación de las mismas. Se trata de entender a los habitantes ya no como meros receptores de la política pública, sino que como sujetos de derechos, actores y protagonistas de los procesos de (re)construcción del tejido urbano y social. En específico la propuesta del derecho a la ciudad nos entrega un marco para el diseño de políticas públicas urbano-habitacionales con enfoque de derechos humanos, con ejes claros y estratégicos como: el ejercicio plena de la ciudadanía, la función social de la ciudad y el suelo; su gestión y producción democrática; el manejo sustentable de los recursos naturales y  energéticos; y el disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Como dice Harvey: “El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto”, he ahí la oportunidad que nos brinda la reconstrucción, en el sentido de aprovechar la tragedia para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, lo que implica implementar políticas , planes y proyectos que se basen en el bien común y se centren en la participación vinculante, por el contrario la reconstrucción no debiera transformarse en una coyuntura para hacer negocios inmobiliarios.

Para implementar una política de reconstrucción con enfoque de derechos, es necesario un cambio de paradigma amplio, que incluye a los políticos, a los diseñadores de políticas y a los ejecutores de éstas, y especialmente a los propios habitantes, suponiendo que estos roles estancos empiezan a “movilizarse”. Mayores grados de participación y empoderamiento en el camino hacia el derecho a la ciudad, son base fundamental de un proceso de reconstrucción participativo y sustentable.

Juegan un rol clave en este proceso las organizaciones de base y las entidades de la sociedad civil, y en especial las universidades públicas, desde nuestro rol crítico y a la vez propositivo, planteando enfoques para abordar el diseño de políticas públicas, y su implementación a  través de proyectos desarrollados con las comunidades.

Referencias:

[1] Esta visión entiende que los habitantes no tienen capacidades, sino que sólo son excluidos.

[2] (Ruiperez, 29).    Ruiperez, Rafael. ¿quién teme a los pobladores ? Vigencia y actualización del Housing by people de John Turner frente a la problemática actual de hábitat popular en América Latina. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, Bogotá. 2006.

[3] (Turner: 31). Turner, John. Vivienda, todo el poder para los usuarios. Hacia la economía en la construcción del entorno. H. Blume editores, Madrid, 1977. Título original Housing by people, Marion Boyars publishers, London, 1976.

[4] (Ruiperez: 30). Ruiperez, Rafael. ¿quién teme a los pobladores ? Vigencia y actualización del Housing by people de John Turner frente a la problemática actual de hábitat popular en América Latina. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, Bogotá. 2006.