Isabel Zapata

Isabel ZapataEl Programa 200 Barrios, es una iniciativa que desde la gestión pública implica un cambio en la política respecto a las premisas de integración social, equidad territorial y recomposición de tejidos sociales y urbanos, que exige un enfoque de proceso en la acción política – institucional para emprendimientos efectivos en temas de regeneración urbana. Ello desde la necesidad de optimizar la eficiencia en las inversiones públicas en materia de mejoramiento habitacional, asegurando la sostenibilidad de todas las obras que se materialicen en los barrios identificados como Críticos y Vulnerables, por sus evidentes problemas de calidad.

Una primera y rápida aproximación de los aspectos claves de diagnóstico, señalan hábitat con graves problemas en varias de sus dimensiones, ya sean urbana, territorial, ambiental, socio cultural, económica, y política – institucional. El reconocimiento de todas ellas y sus interrelaciones, en el diseño de los planes de gestión barrial que se emprendan, es vital para abordar certeramente los problemas más gravitantes de estos barrios. De esta forma, desde una dimensión urbana, los problemas sobre el estatus de suelo resultan ser prioritarios para acometer medidas de regeneración cuando no existe claridad alguna respecto a la propiedad y ocupación de bienes comunes, y más aún, en algunos casos, el reconocimiento de Bienes Nacionales de Uso Público para efectos de esclarecer sus limites, usos, e inclusive su explotación económica para asegurar el mantenimiento de los equipamientos, infraestructuras y red de espacios públicos en general de cada Barrio. Todas iniciativas de gestión de suelo barrial que está supeditada a estrategias de gestión llevadas a cabos por las respectivas organizaciones sociales en cada caso.

Los problemas de propiedad que pudiesen asociarse a la falta de apropiación, arraigo e identidad hombre territorio, tiene como contrapunto, el reconocimiento de graves problemas sociales que desde la gestión programática debe haber un reconocimiento y estrategia para abordarlos adecuadamente. Ello en un contexto de presencia de factores de clara desintegración social -entre los que se citan la violencia, hechos delictuales, temor en el otro vecino– inseguridad residencial y urbana, alcoholismo, drogadicción, redes criminales de narcotráfico. Son estos factores, los que se presentan en entornos urbanos residenciales vulnerables socialmente, por condición permanente de pobreza, afectados por procesos de exclusión social para insertarse efectivamente en redes laborales, acceso a servicios, redes informacionales de infraestructura tecnológicas, como las más extremas. Se suma a ello, la cesantía que afecta a jefes de hogares residentes en estos Barrios, el bajo nivel de instrucción y escolaridad, jefatura de hogar femenino, embarazo adolescente, estimación espacial por el origen de la residencia.

Todos lo que redunda en una fragmentación interna de los Barrios, tanto social como territorial, la reclusión interna en el dominio privado de gran parte de sus habitantes y un desarraigo e insatisfacción de las personas con su hábitat residencial.

Desde una dimensión ambiental, se reconocen los entornos deteriorados de alto impacto, por problemas de manejo de basura y residuos, vertederos, por inestabilidad de suelos, entre otros.

Desde una dimensión espacial, los problemas de diseño en la configuración de entornos y espacios públicos, aluden a la falta de gradualidad en los distintos niveles de dominio público – privado, y la conformación de límites y bordes que imposibilitan la apropiación y control social del espacio público. Ausencia de una estructura comprensible y jerarquizada de espacios públicos que permita establecer los necesarios contactos sociales entre habitantes y apropiación de los mismos, todo lo que evidencia los problemas de seguridad, mantención, cuidado y control señalados.

La referencia a esta mirada de los principales problemas que se asocian a barrios críticos y vulnerables, exige abordar las medidas más rotundas respecto a intervenciones integrales de alto impacto social, económico y político, que apunten a la coordinación, intersectorialidad y legitimidad de la acción organizada pública – privada. Ello como un claro desafío al restablecimiento de confianzas hacia la gestión pública, atendiendo a la percepción de abandono de sus habitantes.

Importa considerar que junto a las acciones encaminadas de mejoramiento en materialización de obras de equipamientos y redes de infraestructuras, es prioritario incorporar en los planes de gestión de barrio, iniciativas de integración comunitaria, reconociendo una estructura de atomización de redes sociales de barrio y alta estigmatización, por los problemas de delincuencia e inseguridad.

En forma complementaria y dada la identificación de grupos vulnerables residentes en este tipo de Hábitat residenciales, en necesario incorporar en la gestión de políticas públicas, programas que atiendan los requerimientos específicos de dichos grupos, como es el caso de los adultos mayores en estado de indigencia, y población infanto juvenil, mediante la generación de servicios especializados.

La integralidad de programas públicos considera aspectos de promoción y prevención comunitaria, dirigidas al fortalecimiento de la convivencia saludable, resolución de conflictos a través del diálogo social, ampliación de la oferta institucional especializada, fortalecimiento de la capacidad de gestión social, incentivo de redes de asociatividad barrial y potenciamiento del capital social en su conjunto.

El mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la actividad comunitaria, debe acompañarse en este sentido, con el levantamiento de nuevos referentes asociativos y fortalecimiento y recambio de actores sociales claves para emprender programas de regeneración.

Es imperativo potenciar la imagen social positiva del barrio y fortalecer a partir de ello, la identidad territorial, mediante acciones comunicacionales, de rescate y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la comunidad en cada Barrio.

Finalmente, es altamente valorable que la actual administración pública, se haga cargo de los problemas históricos asociados a las deficiencias de la gestión inmobiliaria social de la política habitacional chilena. Ello, exige la concurrencia de aportes intersectoriales, para emprender iniciativas de Regeneración Urbana como las planteadas y que se encuentran aún en el tapete de la discusión pública, a fin de resolver las incertidumbres de un modelo de gestión efectivo en este ámbito de acción.

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